¿Existe realmente el ‘pura vida’ si los costarricenses no pueden costearse la vida en el país?
La llegada de nómadas digitales y el aumento de ‘expatriados’ en el país ha generado controversia a causa del desplazamiento de locales en las zonas costeras, el incremento de precios a nivel nacional y la inacción del gobierno de proteger a los ciudadanos de las aglomeraciones turísticas.
La visa de nómadas digitales emitida por el gobierno costarricense en el 2021 permite a extranjeros trabajar remotamente en el país y estar exentos de impuestos sobre su ingreso. Además, las pocas restricciones que existen para la compra de terrenos y propiedades les facilitan a los extranjeros invertir en proyectos de bienes raíces y asentarse en el país. Esto en sí, no es negativo. A final de cuentas, el turismo y la inversión extranjera forman parte del 6,3% al Producto Interno Bruto (PIB) del país (Cuenta Satélite de Turismo del BCCR 2019). Sin embargo, la poca regulación y la falta de políticas públicas para proteger a los costarricenses de los efectos negativos de la gentrificación, como el desplazamiento y la inflación de bienes, requieren atención inmediata del gobierno.
La gentrificación se define como la llegada de personas afluentes a un vecindario o comunidad habitado por personas de ingresos más bajos. Este fenómeno puede resultar en una renovación urbana positiva y en el desarrollo económico de la comunidad. No obstante, también puede ocasionar efectos negativos para la población local, en especial a falta de regulación y protección de las comunidades más vulnerables.
Guanacaste cuenta con la mayor proporción de casas vacías en todo el país. Sin embargo, una de cada diez personas guanacastecas han sido empujadas a vivir en asentamientos informales. La mayoría de los hogares inhabitados son destinados a los turistas que vienen a asentarse a corto o mediano plazo. A trabajar remotamente en las playas paradisíacas de Guanacaste mientras los lugareños son desplazados.
El desplazamiento también conlleva a la perdida de redes de apoyo, de familia, amistad y comunidad lo cual puede afectar la salud mental individual y colectiva. A esto se le suma insostenible alto costo de vida que surge a través de procesos de gentrificación donde, aquellos con mayor ingreso, pueden aprovechar su poder adquisitivo, mientras aquellos con más bajos recursos luchan por costearse la vida.
Es tiempo que el gobierno implemente políticas públicas que protejan al país y a los más vulnerables. Tal como demanda la petición creada por el movimiento nacional de antigentrificación, necesitamos, entre otras demandas:
El monitoreo de ‘Airbnbs’ o de estancias a corto plazo que conllevan al incremento en los precios de renta,
La regulación de compra y venta de tierra y viviendas efectuada por extranjeros,
Una mayor inversión y diversificación en las capacidades económicas de las zonas costeras,
El apoyo al emprendimiento local a través de microcréditos e incentivos, y
El cobro de impuestos justos y razonables a nómadas digitales y expatriados.
Estas son acciones que el gobierno y el poder legislativo pueden tomar para combatir la transformación que actualmente ocurre en el país. La ciudad de México ya ha empezado el proceso contra la gentrificación, lo cual demuestra que es posible. El proyecto de ley en México ha puesto en prioridad a la población local monitoreando y limitando la cantidad de inmuebles usados para la estancia a corto y mediano plazo, como lo son los Airbnb. También planea proteger a los habitantes preexistentes de la grave alza de renta con medidas cautelares sobre la demanda y oferta de viviendas. Es hora de que el gobierno de Costa Rica actúe para proteger a su gente, su cultura y su país para no perder la esencia de lo que es ser tico.
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